En la penumbra que envolvió a Cuba tras la caída de la URSS, el 29 de diciembre de 1993 nació una empresa mixta que antes de cumplir sus 18 años ya estaba conformada por capital enteramente cubano.
Desde su inscripción en el registro mercantil, la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A. (Etecsa) ha crecido hasta convertirse en un monopolio tropical.
Su rol en la informatización de la sociedad salta a la vista: es el único operador de telefonía fija y celular del país, y además sostiene en su red la actividad de todos los proveedores de Internet.
Desde los noventa, Etecsa elabora planes de desarrollo de acuerdo con los objetivos generales del gobierno cubano en el área de telecomunicaciones. El más reciente, que recoge el período 2015-2018, coincidió en el tiempo con la aprobación por parte del gobierno cubano de una política para la gestión de las tecnologías de la información a nivel nacional. En marzo de 2017, el Consejo de Ministros aprobó la Política Integral para el Perfeccionamiento de la Informatización de la Sociedad.
Según reportes sobre las sesiones del Parlamento cubano en julio de 2017, ese programa busca asegurar la sostenibilidad y soberanía tecnológicas, ampliar el acceso de los ciudadanos al empleo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y modernizar todas las esferas de la sociedad.
La primera fase de implementación se extiende de 2017 a 2021 y contiene 21 proyectos. Paralelamente, en junio de 2018 Etecsa debe presentar ante el Ministerio de las Comunicaciones (MINCOM) un documento con sus metas de desarrollo y calidad para el período 2019-2022.
¿Cómo la Etecsa de los noventa se convirtió en la Etecsa que tenemos?
Ilustración: Monk
Según la Gaceta Oficial de la República de Cuba, en 1994 el presidente Fidel Castro Ruz, el ministro de Comunicaciones Silvano Colás Sánchez y el secretario del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros Carlos Lage Dávila firmaron el Decreto No. 190, que otorgaba a Etecsa una concesión administrativa para la comercialización de servicios públicos de telecomunicaciones.
En el momento de su constitución, Etecsa estaba integrada por “la empresa cubana Telefónica Antillana S.A. [TELAN] y la entidad panameña Universal Trade and Management Corporation [UTISA]”.
En aquella época prestaban servicios de telefonía las Empresas de Comunicaciones Provinciales; pero, de acuerdo con los firmantes, el desarrollo del país demandaba “un sistema de telecomunicaciones moderno, eficiente”, y capaz de incorporar “los últimos adelantos de la ciencia y la tecnología”. Para ello se necesitaba desplegar “fuertes inversiones” y eso solo era posible “en asociación con entidades extranjeras”.
Con el decreto quedó sellada la relación legal entre Etecsa y el MINCOM de entonces, que fungiría en lo adelante como órgano regulador de la concesión.
El gobierno cubano buscaba ampliar el servicio telefónico en el menor plazo posible: alcanzar en 7 años una densidad de 9 líneas por cada 100 habitantes a nivel nacional; e instalar una red digital de larga distancia con cobertura nacional.
El objeto de dicha concesión era que Etecsa prestara, entre otros, servicios de telefonía básica nacional e internacional, transmisión de datos, telefonía pública y telecomunicaciones de valor agregado (que incluían los servicios de información de voz y datos, accesibilidad a bases de datos, almacenamiento de reenvío de fax, correo electrónico, correo de voz y otros similares).
Dentro de los límites de esa concesión no figuraban, por ejemplo, los servicios públicos de difusión de radio y televisión, la telefonía celular o la televisión por suscripción. Sin embargo, Etecsa tenía derecho de primera opción para obtener concesiones adicionales siempre que su oferta fuera igual o superior a la de otros licitadores.
La empresa nació con el deber de “cuidar del secreto de la información proporcionada por los usuarios o trasmitida o generada por la red pública […] y no divulgarla si no existe consentimiento previo de estos”. De 2011 a la actualidad, desde Etecsa se han filtrado varias actualizaciones de la base de datos con los nombres, números de carné de identidad y direcciones particulares de todos los titulares cubanos de líneas móviles.
El término original de la concesión era de 25 años. Los primeros 12 se consideraban “período de exclusividad” con respecto a servicios como la telefonía básica y la transmisión de datos. Se podrían otorgar, a partir de 2006, concesiones a otros licitadores para explotar servicios idénticos o similares.
Pero, “con el objetivo de ofrecer de forma más eficiente y ventajosa una gama integrada de servicios de telecomunicaciones”, el Decreto No. 275 de 2003 convirtió a Etecsa en Operador Unificado de Telecomunicaciones y el período de exclusividad fue renovado por otros 15 años. Este nuevo decreto la obligaba a pagar anualmente al Estado cubano el equivalente al 1 % de las utilidades netas distribuibles en moneda libremente convertible (CUC) desde 2005 hasta 2015.
Más adelante, en 2013, recibió otra concesión mediante el Decreto Ley No. 321, firmado por el presidente Raúl Castro Ruz y el ministro de Comunicaciones Maimir Mesa Ramos. Desde entonces, Etecsa realiza pagos anuales equivalentes al 5 % de las utilidades netas.
El alcance de la más reciente concesión, vigente hasta 2036 y prorrogable por dos períodos de 15 años, añade a los servicios anteriormente autorizados la telefonía celular, el acceso a Internet y la televisión por suscripción.
El nuevo período de exclusividad se extiende hasta 2023 para la telefonía básica y celular, la conducción de señales y la transmisión de datos; sin embargo, en el caso de la telefonía celular, la exclusividad “no incluye los servicios explotados por sistemas de tercera generación [3G] y posteriores”.
Después de sucesivas modificaciones del acuerdo que constituyó la empresa, la composición accionaria en 2003 era así: Telefónica Antillana, S.A. (TELAN, 51,0 %), Universal Trade & Management Corporation, S.A. (UTISA, 11,1 %), Telecom Italia International N.V. (TI INT, 27,0 %), Banco Financiero Internacional, S.A. (BFI, 6,2 %), Banco Internacional de Comercio, S.A. (BICSA, 0,9 %) y Negocios en Telecomunicaciones, S.A. (NETEL, 3,8 %).
En 2011, un acuerdo del Consejo de Ministros autorizó a la sociedad mercantil cubana RAFIN S.A. para comprar las acciones de Telecom (TI INT). La composición accionaria se mantuvo similar, solo que RAFIN S.A. adquirió las acciones que poseía Telecom.
En ese momento, Cubadebate publicó que el país adquiría por primera vez “el control total de la empresa de telecomunicaciones desde su creación en 1993”, el cual quedó repartido entre esas seis compañías nacionales.
De UTISA, la cual aparecía como “entidad panameña” en el Decreto No. 190 de 1994, se dijo esta vez que “es una empresa cubana con sede en Panamá, bajo el control del Ministerio de Comunicaciones de Cuba”.
Pocos días después de la compra, AFP mencionó que una entidad llamada Citel había sido accionista en la Etecsa de los noventa hasta que sus acciones pasaron a empresas cubanas. Se refería a la Corporación Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL), una subsidiaria del Grupo Domos de Monterrey.
El 23 de julio de 1994, la revista mexicana Proceso publicó un trabajo sobre la participación mexicana en el desarrollo inicial de Etecsa. “Sin que hubiera concurso de por medio, cuatro mexicanos se interesaron en adquirir el 49 % de la industria de telecomunicaciones cubana: Alejo Peralta, Carlos Slim, Alfonso Romo y Javier Garza Calderón”.
El primero de ellos, fundador de Industrias Unidas S.A. (IUSA) y director general del Instituto Politécnico Nacional (IPN) entre 1956 y 1958, ganó una concesión en 1993 “pero se retiró al no convenirle el arreglo”. El multimillonario Carlos Slim, que en 2014 era el hombre más rico del mundo, estuvo en Cuba ese año y no hizo ninguna propuesta. “Romo, del Grupo Pulsar, también se quedó en los estudios”.
Al Grupo Domos, en manos de Garza Calderón, se le adjudicó el 49 % del capital de Etecsa por 1 442 millones de dólares.
El texto de Proceso agregaba que “el triunfo de Garza Calderón […] se debió a la intervención personal del presidente [mexicano] Carlos Salinas, quien atestiguó en su visita a la Isla del 13 de junio la firma del acuerdo”, y añadía que no era la primera vez que Salinas intervenía en los intereses de Garza Calderón.
El reporte destacaba que esa era la primera vez que la inversión extranjera se involucraba en los servicios públicos cubanos, pues hasta aquel momento las empresas foráneas operaban fundamentalmente en el sector del turismo y la producción de bienes exportables.
Sin embargo, el nombre de CITEL no aparece en el Decreto No. 190, a pesar de que la firma del acuerdo que menciona Proceso fue el 13 de junio de 1994 y la publicación del decreto que otorgó la primera concesión a Etecsa ocurrió el 17 de agosto de 1994.
Proceso contaba que la red cubana de telefonía tenía entonces unos 40 años de edad y nunca había recibido mantenimiento. “Oficialmente hay 536 700 líneas instaladas. Pero un incendio en la planta central dejó fuera de circulación a la mitad de ellas. Actualmente funcionan de manera irregular alrededor de 300 000”.
El 20 de julio de ese año, ampliaba la revista, el representante estadounidense Robert Torricelli había advertido al Grupo Domos que en caso de instalar un sistema telefónico en Cuba podría asumirse que lo harían “comprando propiedades que fueron confiscadas”, o sea, “propiedades de las que el gobierno cubano no es dueño”. Como las expropiaciones de compañías estadounidenses fueron sujetas a indemnización, aclaraba Proceso, el gobierno de la Isla considera que esas instalaciones son de propiedad cubana.
En esa época Domos era “la principal empresa extranjera en Cuba por sus compromisos de inversión” y fue la segunda, después de la canadiense Sherrit International, en recibir una carta de advertencia por parte de Washington con la entrada en vigor de la ley Helms-Burton.
Las presiones desde Estados Unidos en esos años incluyeron negativas de visa para los ejecutivos de Domos y sus familiares, según relata el diario dominicano 7 días. Esto, unido a los problemas económicos internos del grupo durante la época, provocó que para abril de 1995 ya hubieran vendido el 25 % de las acciones de Etecsa a STET International Netherlands, subsidiaria de Telecom Italia; “más tarde los italianos compraron un paquete adicional, con lo cual poseyeron casi un tercio de las acciones (27 %)”. Fue ese 27 % el que compró RAFIN.
Pero la relación de Etecsa con entidades mexicanas no terminaría en 1995 con la compraventa entre Domos y Telecom, sino a inicios de los 2000.
Durante la firma del acuerdo de junio de 1994, donde estuvieron presentes los presidentes Fidel Castro y Carlos Salinas, este último confirmó que la operación inicial “había sido financiada en parte por el gobierno mexicano, que permitió así a Cuba cancelar su deuda con México que ascendía a poco más de 300 millones de dólares”.
CITEL y Etecsa invertirían a partes iguales, detallaba Proceso, lo que suponía para la Isla “un desembolso de 720 millones de dólares”. La falta de liquidez del gobierno cubano habría impulsado a su presidente a aceptar el intercambio de deuda por inversión. “La deuda que Cuba debe a México –y que asciende a alrededor de 310 millones de dólares– debe ser prácticamente comprada por los empresarios mexicanos por medio de bonos de deuda (conocidos como Swaps), a través del Banco de Comercio Exterior de México (BANCOMEX)”.
El 30 de abril de 2002, en una nueva época marcada por el aumento de los vínculos comerciales y políticos entre México y Estados Unidos, Fidel Castro, Carlos Lage e Ignacio González Planas, ministro de la Informática y las Comunicaciones en aquel momento, firmaron el Decreto No. 273, donde se leía: “Las recientes declaraciones del Secretario de Relaciones Exteriores de México vinculando créditos otorgados por el Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C. (BANCOMEX) al Banco Nacional de Cuba con el diferendo político surgido entre los gobiernos de Cuba y México constituyen una amenaza para el normal desarrollo de las entidades cubanas vinculadas a este crédito como Empresa de Telecomunicaciones de Cuba, S.A. (ETECSA) y Telefónica Antillana, S.A. (TELAN) y un inadmisible intento de presionar y desacreditar a nuestro país”.
Lo que fue considerado por el gobierno cubano como una “acción malintencionada” del funcionario mexicano condicionó que este decreto dejara sin vigor “las facilidades y garantías que ofrecen ETECSA y TELAN para respaldar las obligaciones contraídas por el Banco Nacional de Cuba con el Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C.”. Esto se hizo “a fin de evitar que se vean involucradas en el diferendo político existente, por los perjuicios que esto pudiera ocasionar al país si no se toman de inmediato las medidas pertinentes”.
Dos décadas después de las advertencias realizadas por Torricelli al grupo Domos, durante el acercamiento diplomático protagonizado por Raúl Castro y Barack Obama, el gobierno estadounidense autorizó a compañías de su país para establecer contratos con Etecsa.
En 2016, la empresa cubana firmó un acuerdo con Verizon Partner Solutions, la unidad mayorista de la compañía estadounidense Verizon Communications Inc., para el intercambio de tráfico de voz internacional entre Estados Unidos y Cuba; y otros con AT&T para el intercambio de tráfico de voz internacional entre Estados Unidos y Cuba, así como para el servicio de roaming de voz, texto y datos para clientes de AT&T que viajan a Cuba. Finalmente, en diciembre de 2017 fue posible enviar SMS desde cualquier móvil en Cuba hacia cualquier móvil en Estados Unidos.
El actual gobierno estadounidense, presidido por Donald Trump, tomó medidas para restringir las relaciones económicas con organizaciones e instituciones cubanas en noviembre de 2017 y publicó una lista que incluye decenas de entidades con las cuales los estadounidenses no pueden establecer transacciones financieras directas. Etecsa no aparece en la lista.
El diario 7 días comentó en 2014 que durante la década de los noventa una de las principales fuentes de ingresos de Etecsa provenía de las llamadas desde y hacia al exterior. “De acuerdo con estimados, en 1995 facturó unos 145 millones de dólares por este concepto”. En 1994, el negocio de las llamadas de larga distancia internacional efectuadas vía Canadá e Italia valía “más de 400 millones de dólares anuales en facturación”. A través de esos países se triangulaban las llamadas de Estados Unidos a Cuba.
En relación con las tarifas de las llamadas internacionales, destacan las que se aplican a Estados Unidos y Venezuela. Al precio de las llamadas destinadas a los Estados Unidos se les adicionó entre 2000 y 2015 un impuesto de 0,245 USD por minuto. En contraste, los precios de las llamadas hacia Venezuela, país con el que Cuba firmó un Convenio Integral de Cooperación en 2000 y donde trabajan decenas de miles de cooperantes cubanos, se han mantenido particularmente bajos.
La resolución ministerial No. 102 , con la firma del ministro de Comunicaciones Silvano Colás Sánchez, protegió desde 1996 los servicios de llamadas internacionales que brindaba Etecsa al declarar ilegal toda operación comercial basada “en Procedimientos Alternativos de Llamadas” ejecutados por personas o entidades nacionales o extranjeras, radicadas dentro o fuera del país.
Veinte años después, la empresa Cuballama, que ofrece llamadas a Cuba desde 29 centavos USD, protagonizó el caso más célebre de desafío a la exclusividad de Etecsa en el área de la telefonía internacional.
Etecsa describió a Cuballama como una organización fraudulenta que activa líneas móviles locales e introduce en el país equipos llamados Simbox, los cuales permiten realizar llamadas o enviar SMS internacionales a través de Internet utilizando tarjetas SIM nacionales. De esta manera, las llamadas de larga distancia internacional quedan registradas como llamadas locales.
Cuballama, subsidiaria de Techrrific Inc. con dirección legal en Canadá, insistió en que no tenía presencia dentro de la Isla, ni había participado en los esquemas descritos por Etecsa. Añadió que prepagaba a sus proveedores todos los servicios y que “las empresas tienen la libertad de establecer los precios de sus productos y de operar a costo, o incluso a pérdida si así lo desean durante determinados períodos”.
Aseguró tener contratos con “las principales empresas de telecomunicaciones del mundo, las mismas con las que Etecsa ha firmado acuerdos comerciales”. Cuballama mencionó en varias ocasiones a Telecom Italia, como ejemplo de “compañías de nivel 1” que “son dueñas de los cables físicos que conforman las redes regionales y mundiales”, con las cuales “se garantiza conectarse indirectamente a todos los destinos y orígenes del mundo”.
Etecsa acotó que la actividad de Cuballama puede ser legal en otras partes del mundo, pero que la empresa procedía de manera ilegal para ofrecer llamadas hacia Cuba. Coincidía con Cuballama en que es posible prestar servicios mediante terceros, pero que “todo el tráfico de voz o mensajes de texto debe terminar en las centrales telefónicas de Etecsa, único operador de telecomunicaciones autorizado a brindar el servicio en Cuba”. Según Etecsa, “Cuballama viola este proceso” pues sus llamadas o mensajes de texto no transitan por ninguna de las dos centrales telefónicas internacionales del país que distribuyen el contenido hasta los usuarios finales.
La empresa cubana aseguró que había desarticulado al menos tres redes ilegales en territorio nacional cuyos organizadores eran amigos del director de Cuballama, y agregó que los bloqueos de líneas móviles detectadas en la comisión de fraudes coincidieron con publicaciones en la página web de Cuballama que anunciaban afectaciones en sus servicios.
Cuballama insistió en que su modelo de negocios se basa en la venta directa por Internet al cliente final y en que han perfeccionado su gestión hasta reducir al máximo los costos.
El móvil que usted llama
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Antes de Etecsa, fue Cubacel. Y después fue C_COM.
Cubacel, que obtuvo una concesión para construir y explotar una red pública de radiotelefonía celular en 1992, nació bajo el nombre de Teléfonos Celulares de Cuba S.A. como entidad mixta conformada por la Empresa de Telecomunicaciones Internacionales de Cuba (EMTEL-Cuba), del MINCOM, y la sociedad mercantil mexicana Telecomunicaciones Internacionales de México S.A. de CV (TIMSA).TIMSA era dueña del 10 % de las acciones.
Cubacel obtuvo una inversión inicial de aproximadamente 200 millones de dólares y un año después de la concesión brindaba servicios a alrededor de 5 000 clientes, fundamentalmente diplomáticos, empresarios y periodistas extranjeros radicados en Cuba. En 1998, Sherritt International compró un 37,5 % de las acciones de Cubacel.
Desde el año 2000, comenzó a operar también C_COM, o Empresa de Telecomunicaciones Celulares del Caribe, S.A., que recibió una concesión administrativa por 20 años para prestar un servicio público de telecomunicaciones móviles terrestres [celulares] en la banda de 900 MHz, GSM 900.
Al convertirse en Operador Unificado de Telecomunicaciones para todo el territorio nacional, Etecsa absorbió a Cubacel y a C_COM.
Según consta en el Decreto No. 275, como resultado de esta fusión “y demás ampliación del capital social de ETECSA”, este ascendió en 2003 a 1 749 313 080 dólares estadounidenses, representado por 12 132 acciones con un valor de 144 190 USD cada una. Estaban clasificadas en 6 188 acciones de la clase A en manos de TELAN y 5 944 de la clase B repartidas entre el resto de los titulares.
Cuando Telecom le compró a Domos el 25 % de las acciones de Etecsa, pagó poco más de 291 millones de dólares. En cambio, cuando RAFIN compró las 3 276 acciones de Telecom (27 % de Etecsa) lo hizo por un valor de 706 millones de dólares.
De lo anterior se desprende que en 2011 cada una de esas acciones valía 215 506 USD y, por tanto, podría decirse que “el capital social” de Etecsa ese año era aproximadamente 2 614 518 790 USD. Esto significa que entre 2003 y 2011, el valor de la empresa aumentó a razón de unos 100 millones por año.
En abril de 2008, Ramiro Valdés Menéndez, quien entonces ocupaba el cargo de ministro de la Informática y las Comunicaciones, aprobó que las personas naturales residentes en Cuba contrataran y usaran los servicios móviles celulares en la modalidad prepago. O sea, a partir de ese momento, los cubanos podían ser legalmente dueños de líneas móviles.
Durante los últimos 10 años se implantaron diferentes sistemas de tarifas para los servicios de telefonía móvil que ofrece Etecsa y los usuarios han practicado decenas de soluciones creativas para proteger el saldo de la línea durante el mayor tiempo posible.
A pesar de que una línea móvil cuesta el equivalente al salario promedio de un mes y un minuto de llamada celular vale 280 veces más que un minuto de llamada desde un teléfono fijo, Etecsa cumplió en 2015 su plan de comercializar 800 000 líneas celulares. Ese año, el director de Comunicación Institucional, Luis Manuel Díaz Naranjo, dijo que no estimaban rebajar las tarifas de activación, de llamadas ni de SMS. No obstante, el número de líneas móviles activas siguió aumentando y en 2017 se activaron 600 000 nuevas líneas, con lo que el total ascendió a 4 500 000.
Las tarifas máximas de los servicios que oferta Etecsa –por ejemplo, los 0,35 CUC del minuto de llamada celular– son propuestas por el MINCOM, teniendo en cuenta las consideraciones de la empresa, y aprobadas por el Ministerio de Finanzas y Precios. Es decir, ni el MINCOM ni Etecsa pueden aumentar esos precios. Al mismo tiempo, las rebajas con respecto a esas tarifas máximas sí solía aprobarlas el MINCOM a partir de las propuestas presentadas por Etecsa y, desde 2013, las aprueba la presidencia ejecutiva de la empresa. Este último período coincide con la proliferación de bonos y ofertas promovidos por Etecsa.
Desde 2013 no se aprueba la rebaja de ninguna tarifa máxima aplicable a la telefonía celular –el período más largo de 2008 a la fecha–.Y fue en enero de 2018 que Etecsa comenzó a aplicar la tarifa en tiempo real. Hasta entonces, estuvo fijada por intervalos de 30 segundos.
Para atraer divisas frescas, Etecsa promueve la recarga de móviles nacionales desde el exterior. Durante los últimos meses, la empresa prácticamente no ha lanzado ninguna oferta de este tipo a la que acceder desde Cuba. Además, ha reducido el tiempo de duración de los bonos de las recargas desde el exterior y tras ese período se pierde la parte del paquete de servicios que el cliente no utilizó.
La Directora Central de Comercial y Mercadotecnia, Tania Velázquez Rodríguez, defendió en mayo de 2017 que las características de las promociones –entre ellas, el tiempo para consumir los bonos– deben variar de acuerdo con diversos factores considerados por la empresa, entre ellos la capacidad de la red ante un aumento de tráfico. Las actuales ofertas o la aparición de otras, dijo, dependen del mejoramiento de las plataformas tecnológicas.
Unos días después, Velázquez amplió en la televisión nacional durante una transmisión de Mesa Redonda: “De este propio dinero que recibe la empresa se realiza el pago a los proveedores y operadores internacionales con los cuales tenemos convenios”. El sitio web de Mesa Redonda explicó que “los ingresos que se captan desde el exterior son los que permiten la compra de los equipamientos, los pagos de los compromisos contractuales así como el mantenimiento”. Por eso, los servicios exportables son prioridad aunque quienes se benefician directamente de las recargas desde el exterior representan solo el 20 % de los usuarios.
Cuelgue y espere unos minutos, por favor
Ilustración: Monk
Las tarifas máximas para la telefonía fija del sector residencial consisten en un monto básico de 6,25 CUP que otorga 300 minutos mensuales para llamadas locales y se cobra independientemente del consumo. A partir del minuto 301, el tráfico adicional se paga a razón de 3 centavos CUP por minuto en horario diurno y 2 centavos CUP en horario nocturno, domingos y días festivos. Estas tarifas han permanecido invariables por más de 19 años.
Los objetivos iniciales de Etecsa se concentraron fundamentalmente en la telefonía básica y aparecen, junto a los plazos para alcanzarlos, en el Decreto No. 190 de 1994. Con el Decreto No. 221 de 1997, lo que se pretendía alcanzar en 2002 se convirtió en metas a lograr para 2005. Aun así, la tasa de densidad telefónica ansiada desde 1994 (9 líneas por cada 100 habitantes a nivel nacional) no se alcanzó en 2005, sino en 2006. En cambio, Etecsa sobrepasó el 90 % de digitalización en 2006, dos años antes de lo que preveía otro plan de desarrollo, el que aparece incluido en el Decreto No. 275 de 2003 (que otorgó la segunda concesión).
El funcionamiento de Etecsa está condicionado por las dinámicas del contexto económico cubano, donde opera una distorsión macroeconómica a partir de la cual las cuentas oficiales consideran que los 740 pesos recibidos mensualmente por un trabajador estatal promedio son iguales a los otros pesos con que ese trabajador compra las tarjetas de recarga para su celular; cuando, en realidad, los 5 pesos que cuestan las tarjetas representan 120 pesos de los que recibe el trabajador.
Además, la brecha entre los precios de la telefonía fija y la telefonía celular es un ejemplo de lo que ilustraba Marino Murillo Jorge, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido, durante el pasado período ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular: “el primer pan nos lo comemos subsidiado[…] y si usted quiere comerse un pan por la libre, entonces paga un 83 % de impuesto […], y a los mismos cubanos les damos un pan subsidiado y a los mismos cubanos les damos un pan con una carga impositiva muy grande”.
Dos décadas después de las primeras inversiones que realizara Etecsa, “en La Habana casi todas las centrales están saturadas; es decir, puede que exista el par, pero no hay número”, según declaró a Juventud Rebelde Odalis Montiel, directora adjunta de la División de Servicios Fijos de Etecsa.
“En la medida en que el país construye viviendas en localidades para las que hoy la empresa no tiene destinadas inversiones seguirán surgiendo necesidades[…], pues hoy no están a la par las inversiones que se están haciendo en telecomunicaciones con las del desarrollo habitacional”, explicó Montiel.
Esto lo dijo refiriéndose a las tardanzas en los traslados de líneas telefónicas fijas de una vivienda a otra, que afecta principalmente a los clientes de Etecsa que se mudan a casas sin teléfono.
Mesa Redonda explicó que entre las estrategias para agilizar estos trámites están “las inversiones en las redes de planta exterior, así como la colocación de la Telefonía Fija Alternativa (TFA)”, pero esto último contradice la resolución No. 105 de 2011, firmada por el ministro Medardo Díaz Toledo.
Dicha resolución expone que “la capacidad de conducción de tráfico de la Red de Telefonía Móvil Celular, que sirve de soporte a la Telefonía Fija Alternativa, no permite ofrecer a los usuarios condiciones de uso y de facturación del servicio equivalentes a las vigentes en la telefonía fija, lo que conlleva, desde el punto de vista del usuario, la aplicación de condiciones distintas para un servicio semejante”.
En junio de 2008 ya se había aprobado una resolución para limitar el crecimiento de la TFA y ordenar la sustitución gradual de esta tecnología. La misma empresa presentó una propuesta al MINCOM para acelerar su sustitución y optimizar sus inversiones sobre la red celular. Finalmente, la resolución No. 105 dispuso que Etecsa únicamente puede autorizar la instalación de la TFA “en zonas rurales aisladas con dificultades notables para el uso de otra tecnología”.
Por otra parte, los decretos leyes 190 y 221, de 1994 y 1997 respectivamente, obligaron a la empresa a tomar en consideración la demanda de los servicios y las tasas de crecimiento demográfico del país para elaborar sus planes de desarrollo. Más allá del desarrollo habitacional reciente que apunta Montiel, en la Cuba de 2012 aún existían 123 asentamientos con más de 200 habitantes sin ninguna conexión telefónica.
Entre 2016 y 2018, el plan de Etecsa previó instalar anualmente solo 70 000 nuevas líneas, a pesar de que en 2015 el número de líneas fijas en el sector residencial era de 996 063 y el número de hogares en Cuba era de 3 853 236.
Incluso si se cumpliera ese plan y no aumentara el número de hogares, a finales de 2018 quedarían en Cuba 2 647 173 hogares sin una línea de telefonía fija.
Paralelamente, la cantidad de teléfonos públicos a instalar se redujo de 1300 en 2015 a 1000 anuales entre 2016 y 2018.
No conectado: hay conexiones disponibles
Usuarios se conectan a Internet desde un parque wifi (Foto: Ismario Rodríguez Pérez)
Hasta 2013, en Cuba los proveedores de Internet no podían prestar servicios públicos de voz por Internet ni de conducción pública de señales (incluidas las de video). El período de exclusividad a favor de Etecsa establecido en el Decreto No. 275 de 2003 –la anterior concesión– lo impedía. Ese período hubiera durado hasta 2018 de no haberse aprobado el Decreto No. 321 de 2013, que otorgó la más reciente concesión a la empresa.
Pero Etecsa nunca gozó de exclusividad como proveedor de Internet y por tanto existen varios proveedores.
En Cuba no es lo mismo ser “Proveedor del servicio público de acceso a Internet” que ser “Proveedor de servicios de Internet al público”. El primer estatus lo otorga el Consejo de Ministros mediante concesión administrativa, mientras que el segundo lo aprueba la Dirección de Regulaciones y Normas del MINCOM.
Por ejemplo, la Empresa de Tecnologías de la Información y Servicios Telemáticos Avanzados (CITMATEL), perteneciente al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), formaba parte del primer grupo desde 2000 hasta que Etecsa absorbió en 2013 los servicios que solía brindar dicha empresa.
En el segundo grupo están los que brindan acceso a través de “áreas de Internet”: Correos de Cuba, Gaviota, Campismo Popular, Residencial Tarará, Oficina del Historiador, Joven Club, Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos, la Agrupación Artística Gallega, etcétera. La mayoría de estos proveedores lo hace a través de la plataforma tecnológica Nauta, de Etecsa.
Como los servicios de transmisión de datos han estado siempre al alcance de la concesión brindada a Etecsa, ahora con carácter exclusivo hasta 2023, ha correspondido al MINCOM asegurar la interconexión entre las redes y servicios de esta empresa con las restantes redes de datos del país. Además, los servicios de valor agregado que brindan las redes de datos dentro del territorio nacional deben estar soportados en la red pública de telecomunicaciones, es decir, en la infraestructura de los operadores básicos, mientras se encuentren vigentes períodos de exclusividad como el de Etecsa.
Rafael de la Osa, director de Cubarte –organización rectora de la informática en el Ministerio de Cultura, que brinda servicios de conectividad a personas e instituciones vinculadas con ese ministerio–, describió en su texto publicado por Cubadebate las peculiaridades de esta interconexión: “Si desde un hospital en una provincia del país se trata de consultar el sitio web del periódico local hospedado en un servidor de la prensa en la propia provincia, la señal viaja desde la computadora del hospital hasta el nodo central de la red Infomed ubicado en La Habana, según las condiciones y velocidad que esta red tenga contratado en cada tramo desde el hospital provincial hasta el nodo central de Infomed, de ahí transita por un canal hacia las Red de Etecsa que lo enruta por el camino más corto al servidor donde está hospedado el sitio web del periódico provincial, según las velocidades y ancho de banda de estos enlaces”.
Por eso, aunque el programa de informatización de la sociedad cubana va más allá del acceso de la población a Internet, según han explicado las autoridades del MINCOM, Etecsa desempeña un rol protagónico en su implementación.
El discurso oficial vincula directamente las condiciones del acceso a Internet en la Isla con limitaciones financieras para realizar inversiones en el sector de las telecomunicaciones. Entre las inversiones recientes destaca, por el volumen de expectativas no cumplidas que generó, la instalación de un cable de fibra óptica en Santiago de Cuba.
El proceso de instalación del cable submarino de fibra óptica y el sistema de telecomunicaciones ALBA-1 coincidió con la compra de RAFIN a Telecom y el hecho de que Etecsa se convirtiera en una empresa completamente cubana.
Entre los objetivos generales de la concesión otorgada a Etecsa en 1994 estaba “incrementar los enlaces internacionales por satélites y participar en la instalación de cables submarinos de fibra óptica con Florida, México y Jamaica o Santo Domingo, potenciando a Cuba como un centro de tránsito internacional de la región”. Sin embargo, de todos los cables que en 2017 reposaban en las profundidades marinas del planeta, solo dos llegan a Santiago de Cuba.
En mayo de 2013 el actual ministro de Comunicaciones, Maimir Mesa Ramos, aprobó que los cubanos pudieran acceder a Internet desde las áreas dispuestas por los proveedores de Internet al público, sin depender de una autorización de su jefe o del jefe de un órgano superior. Desde entonces, el acceso está principalmente mediado por los equipos y la capacidad de pago que posea cada cual.
Más adelante, a finales de 2016, ocurrió el primer intento de ampliar sustancialmente el acceso a Internet desde los hogares (Nauta Hogar), ejecutado por Etecsa y con carácter experimental. La experiencia se extiende ahora de manera selectiva. La selección sigue un requerimiento básico: es necesario poseer una línea de telefonía fija. Según la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI), la densidad de líneas de telefonía fija por cada 100 habitantes en 2016 era 11,8.
Si Etecsa mantiene la Línea de Suscripción Digital Asimétrica (ADSL, por sus siglas en inglés) como tecnología elegida para brindar el acceso a Internet desde los hogares, se puede augurar que la mayoría no contará con el servicio, porque la ADSL utiliza el par de cobre de la línea telefónica convencional para realizar la transmisión de datos digitales. Es decir, de cada 100 cubanos, serán alrededor de 12 quienes disfruten la privacidad, la comodidad y los precios más económicos a la hora de acceder a Internet.