I. Internet Task Force
El miércoles 7 de febrero de 2018, a las diez y media de la mañana, se realizó en el Departamento de Estado la reunión inaugural del Grupo Especial de Trabajo sobre Internet en Cuba (CITF, por sus siglas en inglés), dirigida por John Creamer, subsecretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental. Asistieron 16 empleados de diferentes instancias del gobierno, 27 personas como público y 4 periodistas (AFP, AP, Al Jazeera y Radio Martí).
Se dijo lo que ya sabemos: el bajo acceso a Internet en Cuba es principalmente una decisión política del gobierno; el precio por hora está carísimo; la Red es vital para el desarrollo de la sociedad civil, del periodismo independiente y para la protección de los derechos humanos; no hay conexión directa por cable de fibra óptica entre Cuba y Estados Unidos; el aumento en el acceso a Internet podría contribuir a mejorar los resultados en la salud, la agricultura, el turismo y a proveer nuevas oportunidades para los emprendedores, y se pueden hacer acciones conjuntas para restaurar la conectividad si esta se perdiera después de un huracán.
En el público hubo de todo: quienes aplaudieron el interés de Estados Unidos por incrementar el acceso a Internet en Cuba, quienes dijeron que era contraproducente y que aumentaría la desconfianza del gobierno cubano, y quienes no hablaron nada de Internet, sino de la cantidad de trabajadores en la embajada estadounidense en Cuba, de la efectividad del embargo y hasta del reclamo de propiedades en la Isla certificadas por ciudadanos estadounidenses.
A las doce del mediodía, John Creamer agradeció al público por su participación, los invitó a enviar sus comentarios a través del sitio web del CITF y les pidió, por favor, que para la próxima se ajustaran al tema.
Para entender por qué en esa reunión se debatió lo que se debatió es necesario remitirse a los inicios del CITF.
El 23 de enero de 2018 el Departamento de Estado publicó un párrafo anunciando la creación oficial del CITF de acuerdo con el Memorando Presidencial de Seguridad Nacional para fortalecer la política de los Estados Unidos hacia Cuba, de junio de 2017. El objetivo sería “examinar los desafíos tecnológicos y las oportunidades para expandir el acceso a Internet y la libertad de expresión en Cuba”. Al día siguiente, el párrafo fue noticia en los principales medios de comunicación internacionales, nacionales y hasta en blogs y redes sociales. Y ocho días más tarde el Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX) cubano entregó una nota al encargado de negocios de Estados Unidos en La Habana diciendo que las acciones descritas en el párrafo eran un intento “de violar de modo flagrante la soberanía cubana”.
Si las fechas de los documentos publicados en el sitio web del Departamento de Estado son exactas, desde el 4 de diciembre de 2017, mucho antes de irse de vacaciones de fin de año, William E. Todd, que actualmente se desempeña como subsecretario interino para Administración del Departamento de Estado, había aprobado indicaciones precisas de “trabajar únicamente en funciones de asesoría relacionadas con el acceso a Internet en Cuba”. O sea, el CITF no tendría capacidad ejecutiva.
Toda la financiación necesaria para la organización y el funcionamiento del CITF la proporcionarían la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental y las agencias participantes. Los costos de esas operaciones quedaban establecidos así:
El CITF estaría compuesto por representantes de departamentos y agencias del gobierno de Estados Unidos y por organizaciones no gubernamentales o entidades privadas relacionadas con Internet.
Desde el punto de vista legal, CITF es un Comité Asesor Presidencial bajo la Ley del Comité Asesor Federal (FACA) que “trabajará para garantizar que el asesoramiento se formule de manera que esté abierto a la participación pública”, y “los documentos públicos del CITF se replicarán en el sitio web de CITF”. Esto no significa que todos los documentos serán públicos, sino que aquellos documentos que se decida sean públicos estarán disponibles para su consulta online.
Después de la primera reunión se crearon dos subcomités: “uno para analizar el papel de los medios y el flujo de información libre y no regulado en Cuba, y otro para explorar el acceso a Internet en el país”. Así que, mientras lees esta oración, es probable que un miembro del subcomité dedicado al rol de los medios independientes en el libre flujo de información en Cuba te esté acompañando desde su oficina.
En resumen, lo que debe entregar el CITF al Secretario de Estado y a la Casa Blanca cuando termine su labor en 2019 es un reporte con recomendaciones. Pedir reportes con recomendaciones para incrementar el acceso a Internet en Cuba no es una excentricidad de Donald Trump. Ya lo hicieron Bill Clinton, George W. Bush y Barack Obama. Antes de Clinton no existía Internet en Cuba (recordemos que fue durante su gobierno que se autorizó finalmente la primera conexión de la Isla a la Red en 1996).
Las medidas de Clinton en este ámbito fueron tibias: aprobar que los medios de prensa de Estados Unidos abrieran oficinas en La Habana y autorizar que organizaciones no gubernamentales legales operaran en Cuba y compraran cierto tipo de equipos producidos por Estados Unidos como computadoras y máquinas de fax. Esto permitió a Freedom House, que se autodefine como una “organización independiente dedicada a la expansión de la libertad en el mundo”, obtener medio millón de dólares en 1995 para comprar computadoras, fotocopiadoras y fax para grupos opositores cubanos, entre otras actividades en la Isla, según un artículo publicado por Roberts L. William en el Journal of Commerce en 1995. Fue la época del hardware y también fue la época en que se firmó la Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act (LIBERTAD y Ley Helms-Burton), acelerada por el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate.
Bush fue más radical. En octubre de 2003 estableció la Comisión de Asistencia a una Cuba Libre con el objetivo de identificar “las formas en que el gobierno de Estados Unidos podría acelerar el fin de la dictadura de Castro [Internet mediante] y los programas […] para ayudar al pueblo cubano durante una transición a la democracia”. La comisión destinó un presupuesto considerable: $80 millones de dólares durante dos años para incrementar el apoyo a la sociedad civil, diseminar información no censurada y generar conciencia internacional sobre “las condiciones de Cuba” que ayudara en la transición democrática. Si con dos años no era suficiente, pidió un presupuesto anual adicional de $20 millones hasta que se lograra “el fin del régimen de Castro”. De ese dinero, $24 millones estarían dedicados a la compra de tecnologías de la comunicación para activistas, según un reporte de Miami Herald.
Cuando Obama llegó a Cuba en marzo de 2016 pretendía anunciar que Google había alcanzado un acuerdo “para empezar a establecer más acceso wifi y de banda ancha”, con lo que la Isla estaría entrando “en el siglo XXI económicamente”. El anuncio fue grabado y emitido en exclusiva por la cadena ABC News, pero lo máximo que logró Google fue instalar unos centros de datos para que los usuarios pudieran acceder a sus contenidos con mayor velocidad. El frenazo lo había anticipado públicamente José Ramón Machado Ventura casi un año antes, pero ABC News no lo transmitió. De Internet provisto por Estados Unidos, nada, aunque sea gratis.
II. Érase una vez Alan Gross
Ilustración Monk
¿Es tecnológicamente posible conectar a Internet a los cubanos sin que el gobierno se entere? Pregúntenle a Alan Gross. Para quienes no lo conocen, Alan Gross es el ciudadano estadounidense que viajó cinco veces a Cuba y entró por la Aduana con equipos de comunicación satelital portátiles para proveer acceso a Internet a varias comunidades judías en el país –en principio–. Alan Gross no era filántropo, sino un contratista de la empresa privada Development Alternatives, Inc. (DAI), que a su vez estaba subcontratada desde 2008 por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) con el objetivo de incrementar el acceso a Internet en Cuba.
Gross es el ciudadano que se dice fue cambiado en 2015 por Gerardo Hernández, Ramón Labañino y Antonio Guerrero, los tres cubanos que aún permanecían cumpliendo prisión en Estados Unidos con cargos de espionaje. Pero en el momento de la liberación, el entonces presidente Barack Obama dijo que no, que Gross había sido liberado por el gobierno cubano por razones humanitarias, no a cambio de nadie, y que “por separado, a cambio de los tres agentes cubanos”, Cuba liberaba “a uno de los agentes de inteligencia más importantes que Estados Unidos haya tenido [en la Isla] y que ha estado en prisión durante casi dos décadas”.
Alan Gross fue condenado a cumplir prisión en Cuba durante 15 años en 2011 y salió cuando llevaba cinco. En la Isla, Gross perdió muchas cosas: peso, algunos dientes, su libertad, la apelación ante el Tribunal Supremo de Cuba y una demanda contra los Estados Unidos de América.
Alan Gross vs. Estados Unidos de América (Imagen: Captura de pantalla de la moción para desestimar el caso ante la corte de apelaciones del distrito de Columbia, 2013)
La serie de desafortunados acontecimientos que llevó a Alan Gross a la cárcel comenzó con Clinton. Bajo el marco legal de la Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act, aprobada durante su mandato, USAID creó el Cuba Democracy and Contingency Planning Program (CDCPP, conocido como el Programa Cuba) para “acelerar la transición pacífica de Cuba a una sociedad democrática”.
El 26 de agosto de 2008, representantes del CDCPP se reunieron con directivos de la DAI para explicarles el objetivo inmediato del Programa Cuba: introducir nuevas opciones de comunicación en la Isla. “A USAID le gustaría aprovechar la red mundial de contactos que tiene DAI en proyectos de promoción de la democracia, para activar redes fuera de los Estados Unidos […] interesadas en ir a Cuba”, refieren las notas del encuentro.
El proyecto no era clasificado. Un proyecto clasificado “suponía importantes cargas de seguridad, documentación y retrasos en todas las partes involucradas. No obstante, el Programa Cuba exigía discreción continua”.
En otro encuentro con funcionarios de la DAI, el 27 de septiembre de 2008, USAID explicó el lenguaje a utilizar para reclutar a subcontratistas que ejecutaran los proyectos. “DAI busca un [Título del Cargo] para apoyar un proyecto localizado en Washington, D.C., y enfocado en promover la gobernabilidad democrática en Cuba. Financiado por USAID, este programa fomenta condiciones en Cuba que conducen a una transición pacífica hacia un gobierno democrático estable”.
La DAI copió este mensaje y lo envió a la empresa JBDC, LCC, con sede en la suite 1115 del 5530 Wisconsin Ave, Maryland, a finales de octubre de 2008. JBDC era, en ese momento, un pequeño grupo de negocios con experiencia en el desarrollo del sector privado en más de 50 países, brindando servicios de desarrollo comercial y de inversiones, utilización de tecnologías de la comunicación, etcétera.
Entre los proyectos previos que listaba aparecía el uso de tecnologías de comunicaciones satelitales. “JBDC proporciona conectividad de banda estrecha a banda ancha a través de Internet vía satélite. Este paquete incluye antena parabólica, electrónica, instalación, administración de red 24×7, con tarifas de acceso mensuales que son escalables para satisfacer las necesidades del cliente”. Entre 2001 y hasta 2008 JBDC había desarrollado y establecido acceso a Internet de banda ancha “para microempresas, asociaciones, ONG y otras organizaciones en ubicaciones remotas, a nivel mundial”, específicamente “en entornos en transición”.
Alan Phillip Gross era el director ejecutivo y único miembro de JBDC, LCC.
El 10 de febrero de 2009, Gross, a través de la empresa JBDC, LLC, firmó un subcontrato con la DAI por un valor de $258 274 dólares donde se incluía la compra de la tecnología que se necesitaba para establecer las redes de acceso a Internet mediante satélite en Cuba. La propuesta, llamada “ICT4Cuba” o, por su nombre comercial, “ICTs Para la Isla”, debía “capacitar a un grupo primario sobre el uso y el mantenimiento de las tecnologías de información y comunicaciones terrestres y no terrestres actualmente disponibles en el mercado”. A más largo plazo, el proyecto piloto permitiría establecer una base práctica para mejorar la gestión de las iniciativas de transición a la democracia mediante la construcción de redes tecnológicas.
JBDC trabajaría inicialmente con la comunidad hebrea y luego con los masones. “Estos grupos son buenos objetivos para establecer con éxito un punto de apoyo de bajo perfil”, decía el proyecto presentado por Gross. “Ambos han ampliado las redes de organización y las comunidades en toda la Isla y tienen fuertes relaciones institucionales con las organizaciones humanitarias y religiosas de Estados Unidos que organizan con frecuencia misiones en [Cuba]”.
Se calculaba que los principales beneficiarios del programa piloto serían 1 800 personas organizadas en 12 comunidades hebreas. Los masones, cuya participación sería confirmada en una segunda fase del proyecto, ascendían a aproximadamente 30 000 personas agrupadas a través de 319 logias en todo el país.
En marzo de 2009, Gross realizó su primer viaje a La Habana. De acuerdo con la transcripción del juicio celebrado en el Tribunal Provincial de La Habana el 11 de marzo de 2011, “pudo introducir la tecnología sin ser detectado por la aduana en el Aeropuerto Internacional José Martí y luego interconectó los equipos con la unidad BGAN que permite la comunicación por satélite en la sinagoga de la comunidad hebrea en la capital”.
Gross regresó de su primer viaje el 6 de abril de 2009 y reportó a la DAI que el sitio 1, ubicado en La Habana, era utilizado por al menos 252 personas que empleaban las computadoras en el laboratorio de computación y que en su mayoría no requerían capacitación especializada adicional para navegar por Internet. Sin embargo, solo tendrían acceso completo a Internet cuando el BGAN estuviese activado. Las instrucciones de JBDC eran “activar el BGAN a diferentes horas cada día y sin ningún patrón de tiempo en particular”.
Durante su segunda visita a Cuba, en abril de 2009, Gross introdujo otro BGAN y una computadora portátil, entre otros dispositivos. En Santiago de Cuba contactó al líder de la Congregación Hebrea e instaló un segundo punto de conexión en la sede de la comunidad hebrea en esa ciudad. “Intentó sin éxito establecer comunicaciones, porque una parte del BGAN estaba rota; decidió dejar el equipo allí y viajar a la capital y de allí regresar a los Estados Unidos”, dice la transcripción del juicio.
Poco después de regresar de su segundo viaje, el 4 de mayo de 2009, Gross envió un segundo memorando de viaje a la DAI donde compartía las preocupaciones de seguridad de sus contactos en Santiago de Cuba. “Esencialmente, el líder del comité dejó muy claro que todos estamos ‘jugando con fuego’ al aceptar participar en [el Proyecto Cuba], y que debemos ser extremadamente cuidadosos sobre las [Actividades del Proyecto] y discretos en cuanto a las personas con las que se debaten tales actividades”.
No obstante, el 4 de junio de 2009, Gross regresó a Cuba y estableció el tercer punto de conexión en Camagüey. Contactó al presidente de la comunidad hebrea en esa provincia y declaró que el equipo era una donación de la comunidad judía de Estados Unidos. Instaló el equipo en la sede de la congregación, añadió una red de comunicación satelital inalámbrica y realizó algunas pruebas hasta que pudo conectarse a Internet.
Durante ese viaje vio a una patrulla del gobierno con detectores de ondas de transmisión de radio, como las emitidas por el equipo que estaba usando, en el vecindario alrededor de la sinagoga. A su regreso a Estados Unidos, el 18 de junio de 2009, Gross envió un tercer memorándum a la DAI donde reconocía que “las autoridades provinciales son aparentemente muy estrictas en lo que respecta al uso no autorizado de frecuencias de radio… La detección, por lo general, significa la confiscación del equipo y el arresto de los usuarios”.
En su cuarto viaje, el 19 de julio de 2009, tuvo un percance en la Aduana. “Los funcionarios cubanos me preguntaron sobre un equipo que había traído. Ofrecí dejar que se quedaran con el equipo y les dije que lo recogería cuando volviera al aeropuerto para mi vuelo de regreso a Estados Unidos, ya que no quería crear ningún problema”.
La Certificación del Director de Asuntos Jurídicos de la Aduana General de la República detalló que el inspector aduanero en funciones no retuvo el artículo declarado porque creía que era un módem y, por lo tanto, registró su pago en CADECA como un impuesto a la importación (100 CUC). En su declaración ante la Aduana, Gross no mencionó que traía equipo de conexión satelital. “De haber sido así, se habría retenido de conformidad con la Resolución 10 de 2006 del MINCOM”.
A pesar de todos estos contratiempos, el 17 de septiembre de 2009 la DAI presentó una propuesta a USAID para ampliar el Proyecto Cuba. Estas actividades complementarias extendían el plazo y ampliaban el alcance del Proyecto. USAID aprobó las nuevas actividades y el 8 de octubre de 2009 asignó fondos adicionales para el Proyecto. El 26 de octubre de 2009, la DAI y Gross firmaron la Modificación N.° 5 al subcontrato inicial, donde se incluían acciones que se llevarían a cabo hasta el 31 de octubre de 2010. Poco después, el 23 de noviembre de 2009, Gross partió para su quinto viaje a Cuba.
El costo total del nuevo proyecto ascendía a $332 334 dólares. Alan Gross recibiría $63 240 como pago por su trabajo de especialista en tecnologías, que consistía en garantizar la seguridad de los puntos previamente instalados y añadir tres nuevos sitios de conexión. El incentivo para JBDC sería del 32,5 % (o sea, $21 528 dólares). Cada BGAN para el nuevo proyecto valía $2 963 dólares, el precio de activación era de $50 dólares y el costo mensual era de $110 dólares por cada terminal. A esto se sumaba el servicio, a $5,5 dólares por megabyte, y se asignarían 3 000 megabytes durante cuatro meses. El monto total destinado solamente a proveer el servicio de Internet ascendía a $66 000 dólares ($11 000 para cada punto de acceso). Si se hubiera conectado durante un año, a estos precios, USAID habría gastado $264 000 dólares.
La noche antes de su regreso a los Estados Unidos, el 3 de diciembre de 2009, Gross fue arrestado por las autoridades cubanas y acusado de crímenes contra la seguridad del Estado. “Después de mi arresto, funcionarios del gobierno cubano me informaron que era ilegal en Cuba distribuir todo lo financiado en su totalidad o en parte por USAID”, dijo Gross. “En ningún momento antes o durante el Proyecto me di cuenta o advertí de que las actividades contempladas por este proyecto patrocinado por USAID eran delitos en Cuba”.
Después de su arresto, fue trasladado a la prisión de Villa Marista en La Habana y luego al hospital militar Carlos J. Finlay, donde lo mantuvieron en un área de máxima seguridad. Después de 14 meses de detención, fue acusado de haber cometido “actos contra la independencia o la integridad territorial del Estado”, de estar involucrado en “un proyecto subversivo dirigido a derrocar la revolución” y de haber violado el Artículo 91 del Código Penal debido al trabajo que estaba realizando para DAI y USAID. El resultado del juicio, ratificado por el Tribunal Supremo: 15 años de privación de libertad.
Entre el año fiscal 2009 y 2011 la DAI recibió más de 6 millones de dólares por su proyecto en Cuba según la base de datos de USAID.
Alan Gross con su esposa Judy, el abogado Scott Gilbert, el representante Chris Van Hollen, demócrata por Maryland, el senador Patrick Leahy, demócrata por Virginia, y el senador Jeff Flake, republicano por Arizona. Todos miran la televisión a bordo de un avión del gobierno que regresa a los Estados Unidos mientras se anuncia la noticia de su liberación, el 17 de diciembre de 2014. (Foto oficial de la Casa Blanca de Lawrence Jackson)
Alan y su esposa Judy Gross demandaron al gobierno de Estados Unidos por negligencia al enviar repetidamente a Gross a hacer un trabajo para el cual “el gobierno sabía que estaba mal preparado, sin proporcionarle la educación más básica, capacitación o advertencias requeridas en las propias directivas por el gobierno”. Y perdieron la demanda. Lo más que lograron fue un acuerdo con DAI por una suma no pública de dinero.
Mientras Gross cumplía su sentencia en Cuba, la Office for Cuban Broadcasting (OCB), que administra las estaciones Radio y TV Martí, enviaba a la Isla la misma tecnología de Internet satelital a alta velocidad, “como parte de sus esfuerzos para promover el libre acceso a la Internet y buscar nuevas vías de distribución de sus contenidos”. El programa comenzó en el año fiscal 2013 y concluyó en el año fiscal 2015, según dijo en un correo a El Nuevo Herald Nasserie Carew, vocero del Broadcasting Board of Governors (BBG), la agencia federal a la que pertenece la OCB.
El programa de la OCB “consistió en la distribución en Cuba de dispositivos pequeños de comunicación vía satélite de doble vía”, explicó Carew a El Nuevo Herald. “Los usuarios de estos dispositivos podían acceder a Internet a través de satélites comerciales […] y podían compartir este acceso con otras personas cercanas a través de wifi”, añadió el vocero.
El programa se suspendió por el alto costo de los dispositivos BGAN así como de la banda ancha del acceso a Internet por satélite. André Mendes, quien se desempeñaba como director interino de la OCB desde 2017 hasta este año, refirió que ya no lo hacían porque “no fue rentable”. Además, la tecnología también había sido utilizada por algunos usuarios para descargar pornografía.
III. El camino más largo
El 18 de agosto de 1961, Ernesto “Che” Guevara vio a un joven ayudante de la Casa Blanca llamado Richard Goodwin fumando un cigarro en la habitación donde se celebraba el encuentro inicial de la Alianza para el Progreso en Punta del Este, Montevideo, según cuenta el libro Back Channel to Cuba de William M. LeoGrande y Peter Kornbluh (2014, Ed. The University of North Carolina Press Chapel Hill). El intercambio entre ambos solo podría iniciarse alrededor de un tema: los tabacos cubanos. Un diplomático argentino le dijo al estadounidense que apostaba a que no se fumaba un tabaco cubano. Goodwin respondió que lo haría si pudiera conseguir alguno en su país. Al día siguiente, el Che le envió una caja de habanos con una nota: “Es difícil escribirle al enemigo, por eso me limito a extenderle la mano”. Los habanos iban dirigidos al presidente Kennedy.
Durante ese evento, Goodwin y Guevara dialogaron por horas, sentados en el piso de una habitación, sobre posibles vías para negociar un acuerdo entre ambos países. “Cuando […] regresó a Washington, fue directamente a la oficina de Kennedy, le comentó sobre el encuentro y le entregó los tabacos”, dice Back Channel… A pesar del intento de Guevara, apenas unos días más tarde, Goodwin fue nombrado director de un ‘Cuba Task Force’ con el objetivo de “intensificar operaciones encubiertas contra el gobierno de Cuba para hacer retroceder la revolución”. Algunas semanas después, redactaría el documento de la estrategia inicial para la Operación Mangosta, “el esfuerzo estadounidense más extenso y costoso para derrocar a Fidel Castro desde Playa Girón”, que el presidente Kennedy autorizó el 30 de noviembre de 1961.
Treinta y siete años después, tras firmar la ley Helms-Burton y sabiendo que había perdido para siempre la posibilidad de eliminar el embargo hacia Cuba a cambio de reformas internas en el país, Clinton aprobó la creación de su propio Cuba Task Force. Esta vez, el objetivo era “centrarse en las disposiciones que requieren un mayor contacto entre cubanos y ciudadanos de los Estados Unidos, y otras medidas diseñadas para alentar y apoyar el crecimiento de la empresa privada y las libertades individuales en Cuba”. Cuba Task Force recomendó nuevas iniciativas en cinco áreas destinadas a: 1) aumentar los contactos entre los cubanoamericanos y sus familias en la Isla; 2) aumentar los contactos pueblo a pueblo; 3) aumentar la asistencia humanitaria; 4) abrir nuevas actividades del sector privado de Estados Unidos en Cuba; y 5) fomentar el diálogo gobierno a gobierno sobre cuestiones de intereses mutuos de seguridad nacional.
Un irritado Ricardo Alarcón, entonces presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), calificó el 8 de enero de 1999 las medidas que emergieron de las recomendaciones del Cuba Task Force como “una nueva fase en la guerra contra Cuba”. Un mes después, el 15 de febrero de 1999, la ANPP aprobó la ley de Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba (Ley 88) para “tipificar y sancionar aquellos hechos dirigidos a apoyar, facilitar o colaborar con los objetivos de la Ley Helms-Burton”. Específicamente, iba dirigida a aquellos que suministraran información, acumularan, reprodujeran o difundieran materiales del gobierno de Estados Unidos y recibieran o participaran en la distribución de medios financieros “procedentes del gobierno de Estados Unidos de América, sus agencias, dependencias, representantes, [y] funcionarios”. Doce años después, Alan Gross diría ante el Tribunal Provincial de La Habana que no tenía ni idea de que en Cuba estaba prohibido ejecutar programas financiados por USAID.
El presidente Barack Obama habla al pueblo de Cuba en el Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso el 22 de marzo de 2016. (Foto oficial de la Casa Blanca tomada por Chuck Kennedy)
El 22 de marzo de 2016, en el Gran Teatro de la Habana, Obama le dijo al pueblo cubano: “Debería de haber Internet disponible en toda la Isla, para que los cubanos se puedan conectar con el mundo entero y a uno de los motores de crecimiento más fuertes en la historia de la humanidad. […] Y les puedo decir, como amigo, que la prosperidad sustentable en el siglo XXI depende de la educación, la sanidad y la protección del medio ambiente. Pero también depende del intercambio libre y abierto de ideas. Si no pueden acceder a información en Internet; si no pueden estar expuestos a diferentes puntos de vista; entonces no alcanzarán su pleno potencial. Y con el tiempo, la juventud va a perder la esperanza”.
En ese contexto de distensión y con el objetivo de “incrementar el acceso a las comunicaciones de los cubanos y su capacidad para comunicarse libremente”, las empresas de telecomunicaciones estadounidenses recibieron autorización para “establecer los mecanismos e infraestructuras necesarios para proveer servicios de Internet y telecomunicaciones en la Isla”. Además, se permitió la venta comercial de “ciertos dispositivos de comunicaciones, software, aplicaciones, hardware y otros servicios para el establecimiento y actualización de sistemas relacionados con las comunicaciones”.
Dos años antes, desde 2014, representantes de Google habían comenzado a visitar La Habana. En junio de 2014, su presidente ejecutivo, Eric Schmidt, llegó a Cuba acompañado de Brett Perlmutter, quien más tarde fue nombrado líder para Cuba de Alphabet, la empresa matriz de Google, como parte de la organización Jigsaw, un tanque pensante anteriormente conocido como Google Ideas. En enero de 2015, Perlmutter y el subdirector de Jigsaw, Scott Carpenter, intercambiaron con estudiantes de la Universidad de Ciencias Informáticas (UCI) y otros jóvenes usuarios cubanos de Internet. Además, “se reunieron con figuras culturales como Kcho y también con personas clave del gobierno cubano”.
En 2016, Google abrió un centro tecnológico en el estudio KCHO Romerillo, ubicado en Playa, que ofrecía Internet gratuito en 20 Chromebooks. En el momento de su apertura, Perlmutter dijo que la compañía confiaba en que el estudio Google + Kcho.Mor sería parte de un esfuerzo cooperativo más amplio para llevar acceso a Internet al pueblo cubano.
En mayo de ese mismo año, T-Mobile anunció un acuerdo de interconexión y roaming con la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba, S.A. (ETECSA), que permitía ampliar las comunicaciones entre los Estados Unidos y Cuba, ofrecer llamadas de voz más económicas para los clientes que desean mantenerse en contacto con amigos y familiares en Cuba, así como planes de datos para sus clientes que viajan a la Isla. Como resultado del acuerdo, los clientes del plan T-Mobile Simple Choice podrían “llamar a teléfonos fijos y teléfonos inalámbricos en Cuba desde Estados Unidos por $0,60 el minuto”.
ETECSA también tiene convenios de roaming con Verizon Wireless, con sede en Nueva York; Sprint, con sede en Overland Park Kansas; y AT&T, con sede en Texas. Los datos, en el caso de AT&T, cuestan $2,05 por megabyte.
El Task Force de Trump no es el primero –y tampoco luce como el último– de una administración estadounidense. Para saber qué va a recomendar a la Casa Blanca y al Departamento de Estado habrá que esperar a octubre de 2019. Hasta ahora, ha habido dos caminos para ampliar el acceso a Internet en Cuba desde Estados Unidos: la fórmula Gross y la variante pública de Obama (ya sabemos que Gross siguió ocurriendo durante Obama). La primera ignora olímpicamente a las autoridades cubanas y específicamente al monopolio ETECSA, desafía las leyes de Aduana, instala tecnologías en comunidades de interés (ya sean grupos religiosos, opositores políticos, jóvenes, etcétera) y termina con 15 años de privación de libertad –reducidos a cinco después de intensas negociaciones–, con precios de mantenimiento de operaciones inaccesibles incluso para USAID o, en el más risible de los casos, con la sociedad civil cubana más interesada en descargar pornografía que noticias políticas.
La segunda variante, que dialoga con el gobierno y con ETECSA, esa que inició Obama con los anuncios de diciembre de 2014, tampoco ha conseguido ni incrementar exponencialmente el acceso, ni abaratar los costos, ni promover el libre flujo de información en la Isla. Lo más que se alcanzó fueron unos servidores de Google ubicados en La Habana –ETECSA mediante– para que los videos de Marc Anthony y Gente de Zona alojados en YouTube descarguen más rápido.